· Además de ser un problema que esta teniendo mucha trascendencia en nuestro país, este desencadena graves consecuencias como lo son: la contracción de enfermedades, la inseguridad, la indigencia e incluso la muerte.
En Cali deberia haber más medidas de seguridad.
Este es un articulo publicado en el país en Mayo 01 de 2007
La seguridad en Cali es una necesidad a la cual no se le puede seguir negando las soluciones de fondo que reclama. Esa es la verdad que muestran las cifras de los organismos especializados en la materia y el clamor de los caleños que padecen la amenaza de la delincuencia en las calles. En su edición del domingo pasado, El Pais presentó un informe sobre los diez sitios de la capital vallecaucana donde más delitos se denuncian. Lo que no implica que el resto de la ciudad no padezca el flagelo de la inseguridad, como lo demuestra el hecho de que en los cuatro primeros meses la Policía Metropolitana haya registrado 1.580 hurtos entre raponazos y atracos. Que se hayan robado 393 carros y 389 motos, que hayan asaltado 306 viviendas y 303 locales comerciales. Y que en lo corrido del año se hayan producido 578 homicidios y 1.194 casos de lesiones personales. Las cifras se complementan con el informe elaborado por reporteros de este diario. Allí están discriminados en forma gráfica los barrios y las direcciones donde se comete la mayor cantidad de delitos, según su género y sus características. Calima, Brisas de los Álamos, Chipichape, Alfonso López, El Calvario, Junín, Santa Elena, San Fernando, El Refugio y El Limonar son las comunidades más afectadas, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía. A todo lo cual debe sumarse el reclamo casi unánime de las comunas 13, 14, 15 y 18, donde estuvo el presidente Uribe la semana pasada. Y el mal que producen el consumo de drogas ilícitas y las mafias que lo manejan en esas comunidades. Lo anterior no debe llevar a concluir que la Policía Metropolitana no cumple una labor efectiva en el combate al delito. Por el contrario, el desmantelamiento de varias bandas dedicadas al robo de automotores, la persecución a los narcotraficantes y la captura de varios extraditables, así como la captura de 1.400 delincuentes por hurtos y robos, son pruebas de su trabajo. Pero es necesario reconocer que lo que se hace no alcanza para conseguir el grado de seguridad que necesita Cali. Y que el Gobierno Municipal no puede seguir aplazando la obligación de destinar más recursos al cubrimiento de un servicio público esencial para construir sociedades pacíficas y respetuosas de los derechos ajenos. Por supuesto que la Nación debe aportar a la solución, en la medida en que muchos de los problemas tienen origen fuera de Cali. Pero ya es hora de preguntar si Cali puede seguir aplazando la obligación de hacer un esfuerzo importante en sus finanzas para lograr la seguridad de sus ciudadanos. Y si la prioridad tiene que seguir siendo dedicar los excedentes de recursos al pago de la deuda del Municipio o si no es mejor garantizar la seguridad de los ciudadanos, como lo propuso el Presidente. No es nada distinto a lo que han hecho ciudades como Medellín o Bogotá, que copiaron el modelo de los fondos de seguridad creados en Cali. La diferencia la pone la voluntad política de sus autoridades para atender el clamor ciudadano.
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